«Es mejor no dar nada
que dar lo que no aprovecha»Lope de Vega
Hablar de corrupción es hablar de cómo un grupo de personas se apropian de las decisiones, los puestos y los recursos que son públicos, es decir, de todos.
Sin embargo, es emblemático referirnos a la corrupción y al desvío de recursos como sinónimos. Por ello, la devolución de los recursos desviados es, sin duda, una de las consecuencias más deseadas en el combate a la Corrupción.
En ese sentido, hago referencia y concedo razón a cuando el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, indicó que los 3.4 millones de dólares que propuso la defensa de Emilio Lozoya como fianza para continuar su proceso en libertad no resarcen el daño al erario hecho por sus acciones como director de Pemex.
Haciendo cuentas: bajo la dirección de Lozoya, PEMEX adquirió Agronitrogenados por ¡475 millones de dólares!. Se trataba de una empresa cuyo equipo estaba incompleto e inútil, que tenía 20 años sin operar según la Auditoría Superior de la Federación.
Además, adquirió Fertinal, una empresa a punto de quiebra, por ¡635 millones de dólares!
Sumando estas dos adquisiciones a todas luces fraudulentas para el erario, tenemos compras por más de mil millones de dólares que salieron de Pemex en auxilio a empresas particulares que no abonaron en absoluto al desarrollo de la paraestatal.
Comparados con esa cifra, los 3.4 millones ofrecidos son nada, francamente.
Es necesario que se castigue a quien causó daño a los bienes y recursos de la nación, sí. Pero también es necesario que, en la medida de lo posible, los recursos regresen a las arcas del Gobierno para que, desde éste se redistribuyan en hospitales, carreteras, escuelas, medicinas, etc (al menos así debería ser).
Quizá si se garantizará el resarcimiento de los daños; dejarían de existir casos como el de Emilio Lozoya o como el desfalco de 100 millones de pesos al erario michoacano en 2008.
Rosmi B. Bonilla Ureña es Maestra en Gobierno y Asuntos Públicos y Especialista en Comunicación Pública.
Espejo Roto 
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